Los Servicios Jurídicos municipales de Cartagena han expresado su preocupación por la cantidad fijada en concepto de indemnizaciones en relación al Plan Parcial del Vivero, la cual asciende a 54 millones de euros. Consideran que esta cifra es desproporcionada y han decidido solicitar la nulidad de las actuaciones, así como presentar un recurso de apelación al auto resolutorio.
Según los informes realizados por el Servicio de Urbanismo y la Oficina de Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento, se argumenta que la indemnización debería limitarse únicamente a los costes de la tramitación urbanística, sin considerar el valor del suelo que sigue siendo propiedad de los demandantes.
Los Servicios Jurídicos defienden la postura del Ayuntamiento de Cartagena basándose en los valores ambientales y de protección del Mar Menor presentes en la zona del Vivero, los cuales impiden cualquier desarrollo urbanístico. Además, destacan que durante el procedimiento se aportó un informe urbanístico que señalaba que los terrenos en cuestión no han sido desarrollados urbanísticamente.
En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se aclara que los terrenos fueron clasificados como no urbanizables en la aprobación inicial por unanimidad de la corporación municipal, y que los cambios propuestos aún no son definitivos.
En este contexto, los Servicios Jurídicos se preparan para la defensa legal, cuestionando la proporcionalidad de la indemnización fijada y destacando la falta de consideración hacia las pruebas aportadas por los técnicos municipales.
La situación actual ha generado incertidumbre en torno al futuro del desarrollo urbanístico en la zona del Vivero, mientras se espera por la resolución de este conflicto legal que involucra intereses tanto municipales como privados.
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