El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado su preocupación por la situación del agua en la región, afirmando que la hoja de ruta del Gobierno central condena a Murcia a la sequía. Durante la presentación del estudio ‘Impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura en España en 2024’ realizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, López Miras denunció el recorte del 50% del trasvase como una medida que afectará gravemente a la sociedad murciana, advirtiendo que el cierre de acuíferos en 2027 podría provocar la pérdida de casi 30.000 empleos.
El presidente regional criticó duramente estas decisiones, calificándolas como una «barbaridad» que no se puede permitir en la sociedad murciana. Además, señaló que el cierre de acuíferos implicaría la reducción de 28.000 hectáreas destinadas a la agricultura, una disminución de 400 hectómetros cúbicos de agua, pérdidas económicas de hasta 700 millones de euros y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
López Miras lamentó la falta de soluciones por parte del Gobierno central y la falta de coordinación entre las comunidades autónomas en torno a la gestión del agua. En este contexto, destacó la importancia del estudio presentado por los regantes, resaltando la relevancia del trasvase Tajo-Segura no solo para la agricultura, sino para toda la sociedad murciana y española en su conjunto.
El informe presentado revela que las actividades económicas vinculadas al trasvase generaron una aportación al PIB nacional de 3.912 millones de euros en 2024, un aumento del 29,8% respecto a 2019. Asimismo, se destaca que estas actividades mantuvieron un total de 102.894 empleos en 2024, un incremento del 5,8% con respecto al año anterior.
Además, el estudio resalta el impacto positivo del uso de aguas subterráneas en la agricultura, con una contribución de casi 583 millones de euros en cultivos de regadío en 2024, lo que se tradujo en un impacto de 668 millones de euros en el PIB y la generación de 31.428 puestos de trabajo.
Ante esta situación, el Gobierno regional se compromete a apoyar a los agricultores y regantes en la defensa de sus derechos y a trabajar para encontrar soluciones que garanticen un uso sostenible y equitativo del agua en la región.
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