El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reunió con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, para abordar el impacto del aumento del caudal ecológico en el trasvase. Esta medida, que fija el caudal en 8 metros cúbicos por segundo, ha generado preocupación tanto en el Ejecutivo autonómico como en los regantes, ya que implicaría un recorte de aproximadamente 70 hectómetros cúbicos de agua al año.
Durante la reunión, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, denunció que este incremento representa un «hachazo» al trasvase, sin una justificación técnica sólida y sin evaluar adecuadamente el impacto del primer escalón. Según Ortuño, esta decisión política tendría consecuencias económicas, sociales y territoriales graves.
Además, se criticó la falta de transparencia por parte del Gobierno de España en cuanto a las concesiones, consumos reales y criterios de explotación en la cabecera del Tajo. Se destacó la disparidad en las exigencias de caudales ecológicos entre distintos tramos de la cuenca, lo que se percibe como un agravio hacia el Levante español.
Ante esta situación, tanto el Gobierno regional como el Scrats coincidieron en la necesidad de corregir la deriva actual en la planificación hidrológica. Se plantea que el cuarto ciclo de planificación 2028-2033 sea un punto de inflexión para revisar la metodología de caudales ecológicos y garantizar la compatibilidad entre la protección ambiental del Tajo y la infraestructura del trasvase como estratégica de Estado.
En conclusión, se reafirmó la posición común de defensa del trasvase Tajo-Segura y se anunció una actuación coordinada en el ámbito político, institucional y jurídico para hacer frente a decisiones que pongan en riesgo el equilibrio territorial y el futuro del Levante. La incertidumbre y los recortes en el trasvase plantean desafíos significativos que requieren una revisión exhaustiva de las políticas hídricas en la región.
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