El Gobierno regional de la Región de Murcia ha anunciado la puesta en marcha de un programa de formación especializada para fiscales, con el objetivo de mejorar la investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con la seguridad y la salud laboral. Este anuncio se produce tras la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y el Ministerio Fiscal.
El programa de formación estará centrado en normativa técnica y prevención de riesgos laborales, y será organizado por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL). El objetivo principal es mejorar la respuesta penal ante infracciones graves en materia laboral, especialmente aquellas que puedan constituir delito, como los accidentes con resultado de muerte o lesiones graves, o el incumplimiento reiterado de la normativa de prevención.
Durante la firma del convenio, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, junto con el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, destacaron la importancia de esta colaboración institucional para proteger los derechos de los trabajadores. López Aragón subrayó que formar a fiscales en materia de seguridad y salud laboral es fundamental para garantizar que las infracciones más graves no queden impunes y que se persigan con rigor las conductas negligentes.
El acuerdo contempla también medidas específicas para mejorar el intercambio de información entre ambas instituciones. La Consejería se compromete a enviar a la Fiscalía las actas de infracción de la Inspección de Trabajo en las que se detecten indicios de delito, así como los informes técnicos derivados de siniestros laborales graves o mortales. Por su parte, la Fiscalía se compromete a mantener informado al Gobierno regional sobre la evolución y resultado de las diligencias en los casos en los que se haya producido dicha colaboración.
Además, se promoverá la participación de los fiscales en actividades formativas y jornadas técnicas conjuntas previstas en el convenio, cuya duración inicial será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro. En palabras de la consejera López Aragón, la prevención no puede ser solo una obligación legal, sino que debe ser una prioridad institucional, destacando la importancia de la coordinación entre administraciones en este ámbito.
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